El Derecho Penal Canónico regula los delitos y las sanciones dentro de la Iglesia Católica, una materia de gran actualidad debido al triste fenómeno de los abusos. Por ello, es fundamental contar con asistencia y asesoramiento cualificados en los procedimientos penales canónicos, tanto en la fase de la investigación previa como en el proceso propiamente dicho, ya sea judicial o extrajudicial.
La actualidad y la centralidad de la materia
Hoy en día, el derecho penal de la Iglesia se encuentra en el centro de una profunda evolución legislativa y mediática. Solo en los últimos años cabe recordar las siguientes intervenciones legislativas: la Constitución Apostólica Pascite Gregem Dei, en vigor desde el 8 de diciembre de 2021, que reformó el Libro VI del Código de Derecho Canónico; la Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, en vigor desde el 5 de junio de 2022, que reorganizó las funciones y competencias de los Dicasterios de la Curia Romana; el Motu Proprio Vos estis lux mundi, promulgado el 9 de mayo de 2019, cuyas normas fueron posteriormente ampliadas y convertidas en permanentes el 25 de marzo de 2023, que establece procedimientos universales contra los delitos de abuso y la obligación de denuncia para los clérigos y religiosos.
La competencia en materia penal
Los procedimientos penales canónicos son competencia de diversos tribunales eclesiásticos. Además de la competencia local, a nivel diocesano, existen jurisdicciones específicas de la Santa Sede, ante las cuales el despacho desarrolla habitualmente su actividad, en particular:
- el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF): de conformidad con los arts. 75-76 de la Const. Ap. Praedicate Evangelium y las correspondientes Normae de delictis reservatis, tiene competencia exclusiva sobre los delicta graviora (los delitos más graves), entre ellos los abusos contra menores y adultos vulnerables y los delitos contra los sacramentos. Gestiona tanto los procedimientos extrajudiciales como los procesos penales formales.
- el Tribunal de la Rota Romana: interviene como tribunal superior de apelación (y, en raras ocasiones, en primera instancia) para los delitos que no están comprendidos en la competencia exclusiva del DDF, garantizando el respeto del derecho y la unidad de la jurisprudencia de la Iglesia.
Protección y defensa en los casos de abusos
Las recientes reformas pontificias y el rigor introducido por la Santa Sede han convertido esta materia en un ámbito extremadamente central y delicado. La atención mundial exige un conocimiento técnico altamente especializado para desenvolverse en procedimientos cada vez más específicos y rigurosos.
Los casos relativos a acusaciones de abusos, por tratarse de supuestos complejos y de gran impacto, deben tratarse con la máxima confidencialidad, garantizando al mismo tiempo una defensa técnica especializada que el despacho ha proporcionado en diversos casos.
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